«España, pues, es una nación soberana en este nuevo sentido contemporáneo y, como tal, lo es también en relación a todas sus partes interiores en las que se distribuye -que no divide- el poder soberano. Así, las distintas partes de España (regionales, municipales, personales) participan isonómicamente de la soberanía nacional española, lo que significa, entre otras cosas, que no existe en el ejercicio del poder soberano ningún tipo de privilegio (por lo menos teóricamente, desde el derecho constitucional) de alguna de las partes sobre las demás, del mismo modo que ninguna de las partes se ve, en tal sentido, disminuida frente a las demás (por ejemplo, para ningún ciudadano español se ve disminuida, o en el límite retirada, su participación en el ejercicio del poder soberano de España en razón de su origen regional o municipal). Toda España, pues, en todas sus partes, se ve penetrada (escalarmente, por así decir) por el poder soberano, o, lo que es lo mismo, toda parte es soberana en cuanto que participa de la nación española, y es que, precisamente, el poder soberano brota de la reunión de todas sus partes: Murcia, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla…, el islote Perejil, son soberanas (libres, y no «oprimidas») siempre en tanto que partes de España.» (Pedro Insua Rodríguez, «¿Qué libertad? Derechas, Izquierdas y nacionalismo (fragmentario) en España», El Catoblepas, número 135, mayo 2013).

Medítese este texto en el que se intenta describir un concepto de España desde una concepción estatal clásica de la soberanía (no hay otra soberanía fundadora que la estatal en España, pues nunca la Nación política se constituyó a sí misma a través de un grupo constituyente «nacional» que haya nacionalizado a todas las clases sociales).

Confusión total entre Estado y Nación, que es el de toda la derecha política, sociológica, mediática y cultural.

Es precisamente esta confusión la que permite ocultar la forma oligárquica de gobierno instaurada tras la «mutación constitucional» interna del Régimen autoritario de los vencedores del 18 de julio de 1936, de tal manera que no hemos salido ni por un momento de una problemática exasperante, que tiene por fondo, nada más y nada menos, que el hecho originario a propósito del cual siempre se guarda un exquisito pero embarazoso silencio: el Estado español y la Nación española son realidades antagonistas y el Estado como aparato de dominación es literalmente algo extraño y enemigo de la Nación, un mecanismo de sistemática inversión del «ethos» colectivo y de los sistemas de valores y creencias más arraigados.

Ahora bien, esto no es monopolio de la inexistente izquierda política española ni del todavía más fantástico e irreal «nacionalismo periférico», sino que el proceso fue iniciado por la muy realmente existente derecha franquista en bloque, acción planificada como estrategia en apoyo de esa «mutación constitucional» o «revolución legal» que es en realidad el periodo 1976-1979, que va de la Ley para la Reforma Política a la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía para el País Vasco y Cataluña.

En la medida en que los vencedores del 36 fueron quienes verdaderamente inventaron y perfeccionaron este aparato de dominación, identificándolo con ellos mismos como vencedores y con una Nación política, histórica y cultural que ellos mismos creyeron «revitalizar», e incluso de hecho «inventaron» desde posiciones bastante anacrónicas, lo que realmente ha sucedido es algo que casi nadie ha enunciado con la claridad de concepto que merece este extraordinario desquiciamiento, única y exclusivamente español, cuyas raíces son más que evidentes, a partir del momento en que el Régimen del 78 y el Estado controlado por él, que es el propio Estado del franquismo en cuanto a la constitución interna del poder político (es decir, un «Estado de Partidos» sin verdadera pluralidad política, ni representación ni separación de poderes), han mostrado la verdad fundacional sobre la base de la posibilidad de la secesión territorial desde una organización puramente estatal y facciosa como es la Generalitat. Porque lo que verdaderamente es el Estado español, eso nadie quiere decirlo ni reconocerlo públicamente, aunque Javier Barraycoa casi puso el dedo en la purulenta llaga en su artículo «Estado sin Estado» publicado «La Gaceta de Intereconomía» en septiembre de 2018.

La «desnacionalización» de España es el ejercicio sistemático del poder que desde 1976-1979 preside y determina los destinos de la sociedad española. En buena medida, la forma monárquica de Estado y personalmente su primer titular, es la responsable directa de este hecho, como lo ha sido desde 1812. La Revolución política española en la que la Nación española dirigida por un grupo nacionalizador y en condiciones de una mínima libertad política haya fundado un verdadero Estado, eso jamás se ha producido en la Historia española y jamás ha sido intentado ni siquiera.

La Monarquía y la Iglesia, aparatos de cobertura ornamental de los intereses de las oligarquías y las clases más reactivas a lo largo de la primera época moderna en España, bajo la dominación extranjera de los Habsburgo y los Borbones, lo han impedido deliberadamente, incluso hasta llegar al periodo contemporáneo, mediante una planificación que en modo alguno es producto de una fatalidad histórica o una tragedia de la Historia, sino consecuencia directa de un plan perfecto para sus intereses de dominación económica y social: ambas son potencias «extranjeras», poderes ajenos cuyo propósito, a veces común, otras disputado, ha consistido en obstaciluzar e imposibilitar la constitución de una verdadera Nación política, nada digamos ya de una «libertad política» cuyo prerrequisito ha de ser una «libertad de conciencia» realmente experimentada como tal, fenómeno que a duras penas se ha llegado a dar en la Historia española.

Bastaba comprender el sentido profundo de los titulares de la prensa sobre la princesa Leonor, la futura heredera de la monarquía actual y por tanto futura Reina, para darse cuenta de hasta qué punto la enajenación del concepto de Nación política en connatural a la mentalidad dominante en esta pobre España, mentalidad servil impuesta desde arriba como dogma y verdad indubitable y aceptada como campo de juego por todas las facciones que hoy ocupan todos los poderes políticos estatales, judiciales, mediáticos e incluso empresariales.