Para los que tienen una imaginación febril, como es mi caso singular, todos los problemas políticos españoles, que se refieren a la organización del mal gobierno que llamamos “corrupción», son una invitación casi lúdica para ejercerla libremente, dado que en España la única verdadera libertad permitida es la imaginaria.

Alguien escribió sobre la primera Guerra del Golfo que ésta “no había tenido lugar”.

Pronto nos enteraremos de que el latrocinio, mala gestión y peor digestión de las Cajas tampoco ha tenido lugar, porque no quedarán apenas “huellas judiciales”, que son el equivalente a las “huellas dactilares”, con que toda la clase política va dejando por doquier el rastro de su “acción gubernativa”.

Así pues, un proceso “Mani Pulite” a la española como encausamiento general de esta clase política no tendrá lugar, porque sus socios y sosias en las Cajas no serán mostrados como lo que realmente son en procedimientos judiciales que, en condiciones normales, deberían haberse multiplicado y acabado en sentencias que mostraran públicamente el “modus operandi” que retrata de cuerpo entero a toda la “sociedad política” española, de la que también forman parte los medios de comunicación que, sin el menor escrúpulo, evocan, “la democracia representativa, pero de poca calidad”.

Si debiera aprenderse alguna lección de lo ocurrido y a la vez no ocurrido (pues no quedarán huellas), quizás se podría reafirmar la idea de que la separación de poderes en España funciona a la perfección, esto es, que, como no existe, la impunidad es total para la clase política en su conjunto.

Una segunda lección consigna lo ya sabido pero lo renueva y refuerza: las votaciones son la absolución general de esta clase política. Ella, la clase política lo reafirma y lo sabe, pero el electorado lo rubrica y lo avala.

Cierto que 8 millones de presuntos avergonzados y/o resentidos no quisieron fingir este último año electoral entre diciembre de 2015 y junio de 2016 el sentido virtual de aclamación absolutoria que se le solicitaba tan educada como desconsideradamente. Y no obstante, el sentido del voto también queda aquí retratado (se prorrogó la decisión, pero el resultado fue equivalente).

Porque si el asunto de las Cajas no lleva a un Régimen político a la deslegitimación ante la sociedad, ya sólo queda perseverar en la autodestrucción, una de cuyas figuras es precisamente esta resistencia amoral que se obstina en seguir aclamando a quienes con toda certeza volverán una y otra vez a las mismas prácticas, incrementándolas exponencialmente. La impunidad general en el latrocinio de las Cajas no marca un final sino el principio del nuevo ciclo que ahora empieza tras los nuevos repartos de la cuota electoral.

No, no habrá “Mani Pulite” en España, porque la corrupción no ha tenido lugar y no ha dejado huellas judiciales.

Todas estas informaciones, desde los informes ocultados del Banco de España hasta lo que ya era bien conocido como práctica de gestión normalizada, por otra parte, son la prueba fehaciente “a sensu contrario”: lo que no ha tenido lugar puede narrarse y describirse como si lo hubiera tenido, sólo que sin efectos políticos ni judiciales reales.

Y ahí está una ellas claves del funcionamiento tan exitoso de este Régimen que supera todo lo conocido en la historia contemporánea europea, incluso a Italia.

Ha conseguido borrar la realidad borrando las huellas de sus crímenes y delitos.

La acción concertada de toda la clase dirigente, en una y misma dirección, es el secreto del Régimen oligárquico en su forma más perfecta y pura. Pero eso es lo que justamente define su naturaleza y lo que hace que no pueda definirse en ningún sentido serio como una «democracia formal».

El caso de las Cajas es un modelo para estudiar experimentalmente esta acción concertada. Su visibilidad es lo que la creación de Podemos ha permitido emborronar, dirigiendo la atención hacia asuntos retóricamente presentados que para nada tocan el núcleo caliente de la concertación.

Si hasta el conspicuo Rallo emplea la expresión «oligarquía financiero-política», entonces la cosa ya es clamorosa.

“El Tribunal de Cuentas acaba de revelar que no se siguieron los procedimientos mínimamente exigibles para hacerlo (minimizar el quebranto que iba a suponer para el contribuyente) . Toca clarificar y, en su caso, depurar responsabilidades. Ya basta de que la oligarquía político-financiera juegue con las cartas marcadas, de que les paguemos la fiesta y de que, para más inri, nos inflen descaradamente las facturas (El Confidencial, «El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario», 13 de enero de 2017).

Para hablar de estos temas, lo primero es ser receptivo a una conciencia ciudadana, a una conciencia de espíritu público y a una conciencia de ser contribuyente, con unas nociones mínimas de lo que esas tres cosas significan. Incluso los liberales de élite parecen que empiezan a añorar las tres cosas, antes sólo mojaban la cama suspirando por la tercera.

Van mejorando -y vamos mejorando-, porque muchos antes de este último periodo tragicómico de descerebramiento faccionario todavía no pensaban que todo lo referido a la conciencia es reaccionario y lo correcto es exhibir el carné de identidad que acredita que uno está en posesión lícita de una así llamada «ética».

Lo bueno de gobernar a ciudadanos ignorantes, satisfechos y autocomplacientes como los españoles actualmente residenciados en España es que uno no tiene que atribuirles preventivamente esa triple conciencia, funesta para todo gobernante sin escrúpulos: basta con administrarles «el servicio completo» y la condescendencia hacia todo poder arbitrario hará el resto.