CRÍTICA DEL RÉGIMEN ESPAÑOL DE 1978

SOBRE EL REFORMISMO POLÍTICO: OBSERVACIONES A LA ENTREVISTA DE ROSA DÍEZ EN “DISIDENTIA” (2018)

https://disidentia.com/rosa-diez-ciudadanos-estuvo-en-contra-aplicar-155/

1

He leído esta entrevista casi con afecto y buena predisposición.

Se preguntan y se responden preguntas que yo mismo me hago y me respondo todos los días desde hace años.

Desgraciadamente, tengo la costumbre de la abstracción: tras cada enunciado, veo la categoría de pensamiento más que la realidad empírica.

Conozco bien la realidad empírica de la Forma del Poder que la entrevistada describe, pero no percibo las categorías que permitan persarla, describirla y reemplazarla por otra Forma superior y mejor de ejercicio del Poder.

Se cree que esta sustitución (el cambiazo reformista) es como mover las piezas de un rompecabezas que acaba por completarse dando lugar a una misma figura. El Reformismo político me inspira ternura sentimental, pero también, y sobre todo, un profundo desprecio y rechazo intelectual. Rosa Díez tiene la decencia de reconocer que intentó jugar dentro de las Reglas instituidas como una «insider» y no como una «outsider». Reconocer eso y extraer consecuencias es un acto de honestidad que cabe valorar muy alto. Pero en ningún momento declara su vacilación o duda acerca de que eso sea realizable o posible.

Rosa Díez cree que el sistema político español es una «democracia», pero muestra su asombro acerca del hecho de que preexista el principio de la mayoría frente a una abstracta legalidad. Observa con perplejidad que en España la Ley no se cumple, es decir, capta que la realidad política es irracional, porque, eso es incapaz de percibirlo, no hay un verdadero Estado sino otra cosa muy distinta, que no se puede nombrar, pues eso es Tabú.

Opone, igual que Rajoy y los secesionistas, dos principios heterogéneos que demuestran que el sistema político español no puede definirse apriori como democrático ni como Estado de Derecho: la Ley no se respeta en ninguna parte y la Ley es objeto de negociación y consenso por «mayorías formales» dictadas por jefes de partido que no representan intereses generales mayoritarios, como tal reconocidos por el vínculo contractual de la representación de tipo británico o estadounidense. Sobre esa diferencia cualitativa, un total silencio.

Rosa Díez en ningún momento pone en duda la validez y vigencia de la figura histórica del Partido del Estado como único Sujeto jurídico-constitucional capacitado para hacer política dentro del Estado que lo financia, origen supremo de toda corrupción.

Rosa Díez es admirable, quizás, por su «patriotismo» y su coherencia respecto a la unidad nacional y la prevalencia de la lengua española como lengua de una Comunidad estatal y/o nacional, pero esos Valores deben ser defendidos por unos Partidos fuera del Estado y sólo como ideales normativos que la Nación política española, nunca decididos ni definidos por nadie, ideales con conciencia de serlo compartidos mayoritariamente, le impone al Estado a través de su Representación por sujetos políticos investidos de ella, incluso, si es necesario, contra la clase dominante que «influye» en la conformación de los poderes del Estado.

Democracia es que esa «X» del poder económico no dicte las Leyes. Democracia es que ese Oligarquia corporativa se someta a las Leyes. Democracia es que ese «bloque oligárquico» no nombre candidatos a Presidentes de Gobierno que a su vez nombran a Diputados de Listas de Partido que obedecen, para ganar 80000 o 100000 euros, a ambas Directrices, con los resultados consabidos. Leyes de Embudo, Privilegios de Clase y Desgobierno.

Democracia es todo aquello de lo que jamás habla quien habla de Democracia dentro de un sistema político que es su más absoluta y bien pensante negación.

2

El funcionamiento del Estado Español es irracional: quiero decir algo que se percibe con facilidad, sobre todo si uno, como es mi caso, forma parte de él y es un profundo observador de su propio devenir profesional.

Las normas no son nunca aplicadas en la generalidad de su enunciado, igual, para cualquiera de los sujetos receptores del mandato de su cumplimiento y con independencia de su condición estatutaria y social.

La burda, indecente y vulgar Monarquía de los Borbones reinstaurados a la fuerza viva legal por Franco es el resorte simbólico que legitima esta Desigualdad de trato, ahora ya generalizada.

La Ley española es aplicada en función de criterios arbitrarios de decisión puramente personal, caprichosa y con una infinita variabilidad coyuntural.

Se reproduce en todas las instancias, desde la más baja y elemental hasta la más alta y decisiva.

Las Oposiciones a todos los Cuerpos administrativos son un buen ejemplo. Soy testigo de cómo se realizan. Ni hay rigor, ni normas objetivas, ni valoraciones sujetas a criterios públicos iguales para todos ni nada. Cualquiera, en cualquier momento, puede decidir cualquier cosa, siempre que beneficie a las personas adecuadas predefinidas. La barbarie absoluta en estado puro.  Se barema a cada individuo en función de su bien reconocida afinidad con algún Grupo ya insertado en la estructura de poder.

En Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas este principio destructor del Estado ya ha alcanzado Orgasmos y órganos muy notorios. Esto se ha convertido ya en una práctica jurídica admitida, de la que es responsable el Tribunal Constitucional formado por camarillas de Facciones de Partido.

La situación ya fue advertida por los grandes juristas constitucionales conservadores alemanes durante la República de Weimar, a partir de la crítica del positivismo pseudoconstitucionalista de Kelsen y su modelo de Estado fundado por la cascada jerárquica de delegaciones “competenciales” de la Soberanía estatal, tomado a su vez como modelo legitimador de la definición del Poder del Estado en la España de 1976-1978: una cosa dispersa puramente “competencial” sin Sujeto Soberano personal. El “paradigma autonomista” de conformación del poder político que es el Paraíso terrestre de todas las formas institucionales en que su ejercicio es por definición y esencia imposible. Pero resulta que las Oligarquías no quieren un Estado sino una red o entramado capilar inextricable constituido por débiles poderes corruptibles entre cuyos interticios se mueven los conseguidores políticos y los conseguidores mercantiles, que forman el grupo que realmente dirige el Estado español actual y cuyos “factótum” aparecen habitualmente envueltos en procesos judiciales que apenas si tocan el nervio de las verdaderas relaciones de poder.

Esta descripción es la clave para entender el mecanismo que permitió desmontar la unidad de Poder del Estado del Sujeto Soberano yacente: el Dictador fue sustituido por los Partidos como órganos tutoriales de la minoría de edad de un pueblo acobardado como pocos en la historia contemporánea. A una Dictadura personal no sucede nunca una Democracia sino una Oligarquía, quizás del tipo de la que Gonzalo Fernández de la Mora llamó “Oligarquía arbitrada”: en España, doble, la del Mercado, que se estableció esplendorosamente a partir de las grandes concentraciones bancarias y la internacionalización del gran capital oligopolista entre 1985 y 2000, y la ya constituida en el Estado desde 1976-1978 como Clase política “democrática”.

La peor impostura de todas, por tanto, es hacer creer que aquí puede darse alguna “renovación” interna, trampantojo del que en línea directa derivan aberraciones como PODEMOS Y CIUDADANOS, nacidos ya en ese seno estatal, convertido en selector apriorístico de “élites” impostadas y ficticias. El Estado se autocoopta, y a eso se le llaman “elecciones democráticas”.

Eso, lo que aquí se aplica como Norma legal, no es Ley sino Despotismo, Voluntad de Oligarcas sin veladuras, como ha resultado ser la utilización de un artículo constitucional sin desarrollar que no habilita al Poder ejecutivo del Estado para lo que, escasamente y sin aprehensiones de realismo político, ha ejecutado en un vacío vertiginoso que obliga a las sentencias de facto de jueces desorientados a apoyar como verdad legislativa no explicitada jamás. En cuanto a la noción de “Estado de Derecho”, el Régimen del 78 cae incluso por detrás del estado evolutivo ejemplarmente alcanzado por el último periodo de la Dictadura de Franco, un modelo de Estado infinitamente más racional desde el punto de vista de la objetividad e imparcialidad de la aplicación de las normas del Derecho civil y administrativo

El Estado del Régimen del 78 no es un Estado en el pleno sentido moderno de la palabra, como instancia “neutra” para el ejercicio de un poder público de relativa “imparcialidad”, sino una composición sinérgica coyuntural, renovada por plebiscitos triviales, de poderes informales y arbitrarios, en manos de Sujetos políticos extraconstitucionales. Los Jefes de Partido no son poderes constitucionales (ese es el secreto de la dominación, el “arcanum imperii” de las Constituciones de posguerra), ni constitutivos ni constituyentes, pero la Forma Oligárquica Pura les trasmite ambas dimensiones de poder efectivo en contra de los vacíos del propio texto constitucional.

En ninguna parte de ninguna Constitución de los Estados de Partidos, y como modelo supremo la española, se dice quién es el único y verdadero Sujeto Capacitado para decidir asuntos que aquí deciden tipos advenedizos sin cultura y sin elección democrática directa: nada menos que deciden la Forma del Estado y la Forma de Gobierno cada vez que se reúnen para decidir cualquier asunto de apariencia menor, que no es proposición de un programa de Gobierno elegido mayoritariamente en elección libre, sino pura imposición de esos Jefes que no consultan a nadie, salvo a sus verdaderos Mandatarios: los plutócratas españoles y extranjeros, los jugadores milmillonarios de las grandes carteras de valores bursátiles, los tipos más abyectos y corrompidos de toda la Sociedad española, porque ejercen la influencia sin responsabilidad personal fuera de toda Representación y fuera de toda Legislación representativa de los intereses generales debatidos abiertamente en una Cámara de Representantes.

Tener que decir esto es vergonzoso y demuestra la ignorancia del Principio Democrático mínimo.

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