“Era nuestra diferencia, lo que nos convertía en caso excepcional en la historia de Europa: una demostrada y reiterada incapacidad para la democracia, una atávica necesidad de ser gobernados por un hombre fuerte. «After he goes, what?», se había preguntado un distinguido hispanista, Richard Herr, temiendo que cuando «He», o sea, Franco, desapareciera, los españoles (…) volverían a sus antiguos hábitos (…). No era el único que temía lo peor: a la muerte de Franco, nadie daba un céntimo por lo que en España pudiera ocurrir cuando los partidos políticos recuperaran la libertad destruida durante 40 años de dictadura.Y no se trataba del tópico del español ingobernable inculcado por la propaganda franquista. Alguien tan a resguardo de esa retórica como Giovanni Sartori sentenció en 1974, en las dos líneas dedicadas al caso español en su obra sobre partidos políticos, que los españoles volverían a la pauta de los años treinta dando vida de nuevo a un sistema pluripartidista y muy polarizado, directamente destinado, como en los años treinta, al caos.”

El texto pertenece al historiador Santos Juliá, buena muestra del contenido sacralizante de uno de tantos artículos publicados en la prensa española, en este caso en “El País”, para recordar el cuarenta aniversario de las «primeras elecciones democráticas» del 15 de junio de 1977, indicativo del modo como los intelectuales encubren la verdad de manera sistemáticamente intencionada. Idéntico discurso se puede encontrar en toda la “derecha e izquierda oficiales” dentro del Estado de Partidos español.

El 15 de junio de 1977 los españoles, como pueblo, unidad política y comunidad nacional, fueron conducidos al Matadero. Obsérvese la sutileza donde se juega el concepto de “democracia”: “los partidos recuperaron la libertad”, los “liberados” no son los españoles como ciudadanos en un ordenamiento institucional surgido a raíz de un periodo de libertad constituyente fundadora, son los partidos los que “recuperan la “libertad”, porque un poder gubernativo les concede tal “libertad”, organizando un oligopolio ilegítimo en la esfera de la “representación”.

El único hecho, el fundamental y decisivo, el que define y determina la verdad de las afirmaciones que hacemos sobre la absoluta identidad de todas las fuerzas políticas que «participan» del poder político constituido, desde ETA-Bildu hasta la CUP, ERC, Mareas, Compromis, Podemos, IU, PSOE, PNV, PdeCat y, por supuesto, PP, C’s consiste en que todos los ciudadanos las financiamos a todas ellas porque son partes orgánicas del Estado, y en tanto que lo son, viven del Estado y sirven al Estado. Corporativa y profesionalmente son órganos del Estado, gremios de poder, parásitos del Presupuesto. Y toda la masa de sus votantes vota lo Mismo, es decir, al Estado configurado, dirigido y explotado por facciones oligárquicas del propio Estado.

España es una singularidad admirable. Por muchos conceptos y en muchos sentidos. No es admirable por su elevada moralidad privada y pública, ni por su sistema institucional, ni por sus monumentos, ni por sus paisajes, ni por su historia, ni por su literatura, ni por su clima, ni por sus gentes. Es admirable porque es la única Nación moderna que tiene una clase dirigente formada íntegramente por ínfimos burócratas de partido «que hacen revoluciones». Un Estado cuyas partes perfectamente integradas en el presupuesto público hacen actos «revolucionarios» contra el propio Estado: su imagen, Alberto Garzón, de vacaciones de boda a cuenta el erario. «Revolución española» con bono de compra para Mango. Méteme en la cárcel, pero el sexenio me lo firmas.

Yo no identifico «España» con su sistema político. Son dos realidades distintas. La realidad política es el sistema institucional, que viene a ser algo así como la piel que recubre un cuerpo. Yo hablo de la piel, no del cuerpo. No hay que confundir interesadamente estas dos realidades. Incluso Mónica Bellucci despellejada debe presentar un aspecto horrible. El sistema político español nada tiene que ver con «España». De hecho, es su negación absoluta. Pero cada uno es libre de identificarse, incluso afectivamente, con él. Yo, desde luego, no.

Quien todavía se muestra rezagado en el puro conocimiento fenomenológico de este ser-así de la realidad política española, necesita recorrer un trecho muy largo para llegar, siquiera sea al umbral, de la idea de «democracia». Si un tipo que hace las listas electorales de su partido eligiendo a sus candidatos sale en la tele y de su boca cae obscenamente la palabra «democracia», tened por seguro que os toma directamente por cretinos integrales, pues él mismo, por su sola existencia, es la más absoluta negación de toda idea de «democracia». Benditos los puros y los ignorantes, pues el Reino de la Oligarquía de Partidos los reconocerá como suyos.

¿Dónde se hace Política en España? En el Congreso de los Diputados, no. ¿Dónde se toman decisiones de largo alcance? En los Consejos de Ministros, no. ¿Dónde se aplican leyes o se dictan sentencias? En los Tribunales de Justicia, no. ¿Dónde se realizan todas estas supremas actividades en el admirable Estado Español? En los corrillos que rodean al Rey en determinadas fechas, entre susurros, risotadas, canapés, tintineos de copas, parabienes mutuos y la voluntad colectiva de la clase dirigente de «consensuar» toda diferencia para borrar todo pluralismo real.

Describamos objetivamente la realidad ante nuestros ojos sin prejuicios. El «español medio» gestiona su vida privada con un cierto grado de eficacia y decencia: trabaja, paga sus impuestos, crea una familia si puede, cría a sus hijos, incluso en la educación pública; goza de sus vacaciones, tiene su seguro médico, público o privado, no se emborracha demasiado, es respetuoso de las normas, respeta el medio ambiente, consume productos ecológicos, evita los malos hábitos, vive en paz con sus vecinos y tal vez consigo mismo. Entonces, hay que preguntarse lo inquietante: ¿cómo puede ser tan estúpido desde el punto de vista político? Aquí falla algo. ¿Cómo puede confiar su vida, patrimonio y seguridad a tantos imbéciles?

Intentemos darle una dimensión «intelectual» a una experiencia humillante de ser «españoles» bajo las condiciones fácticas de un régimen político, apoderado de un Estado que no le pertenece, que se ha construido sobre la negación de lo español por la necesidad misma de su constitución oligárquica, es decir, basada sobre la exigencia de negar la libertad política de los españoles a la hora de elegir y decidir todo lo que vital y políticamente les concierne.

Dicho en otros términos: para la oligarquía de partidos y sus burocracias, junto para los grupos de gran capital corporativo que controlan nuestro Estado nacional, incluidos entre ellos los grupos de inversores extranjeros, estadounidenses y alemanes sobre todo, la negación de españa como entidad política e histórica es lo mismo que la negación absoluta de su libertad política colectiva, pues el Privilegio como forma de Gobierno se opone radicalmente a la Libertad para constituir el Poder político a partir de la base social «española» sin intermediación de partidos impuestos por el Estado ya instituido. El Privilegio es el Derecho privado que los partidos imponen a lo Público. Por eso la Nación política no existe.

Debo decir que a esta reflexión me lleva el simple enunciado de una noticia: «Rajoy y Sánchez se plantean indultar a Puigdemont». ¿Quiénes son los tales individuos? Sujetos Políticos Soberanos como Jefes de Partido (Rajoy funge como «autoridad pública», pero su poder real lo extrae de su condición de Jefe de Partido, como Sánchez, su igual en cuanto Oligarca integrado sin cargo ejecutivo en el Estado obtiene su «potestas« invisible por el sólo hecho de ser Jefe de Partido), -dos Individuos en su condición puramente privada pero privilegiada pueden ejercer el máximo poder simbólico de la Soberanía regia de origen absolutista: el indulto. El poder privado faccional es poder público sin mediaciones jurídicas.

El Estado, como órgano, aparato, máquina o instrumento, no puede por su naturaleza misma de Administración jerárquica, ser «democrático», de ahí la horrorosa expresión «Estado democrático», que es como decir «Ejército democrático», «Policía democrática» y cosas así. Ahora bien, si un partido político es «estatal», entonces, por definición, allí donde tal realidad empírica exista, no puede haber un sistema político «democrático», sino tan sólo un Estado autosuficiente basado en el reparto interno de cuotas de poder. Para que exista democracia, un partido deber ser nada más que una agencia electoral que busque los mejores y más competitivos candidatos y no podría ocurrir que algunos de ellos, convertidos en Jefes de Lista en tanto Jefes de Partido, se impongan a sí mismos como Jefes electores de los demás candidatos.

La idea de «Pacto de Estado» que se exhibe a todas horas descaradamente es seductora, porque define la esencia del Régimen. Dado que el Estado legisla directamente a través de sus partidos burocráticos, de cara a la galería hay que presentar lo legislado por este puro poder gubernativo indiviso como un producto de un «acuerdo» llamado «pacto». Y es a este modo de «gobernar», ajeno a la representación de la sociedad, a lo que aquí se llama «democracia», atentados de los partidos pactistas y consensuales contra esa sociedad cuya voz usurpan.

De ahí el interés por mantener con respiración asistida a un PSOE sin el cual el Régimen no puede presentar la ficción del «pacto de Estado» para todos aquellos asuntos en los que la clase política ocupante del Estado tiene que decidir conservando su irresponsabilidad colectiva. Exactamente el procedimiento contrario a cualquier forma de legislación bajo condiciones «democráticas». El Régimen ha muerto EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS, pero todos continúan pensando bajo la presión duradera de sus categorías y sus prácticas oligárquicas.

Todo sistema político en el que la acción gubernativa no pueda ser discriminada a priori, es decir, filtrada, controlada y vigilada desde el momento mismo de su concepción y ejecución, necesita recurrir a procedimientos, casi siempre fraudulentos, a posteriori. Es la diferencia entre un sistema formalmente «cautelar» apriorístico y un sistema formalmente «garantista».

Los parlamentarismos son oligarquías desde su origen mismo y de hecho ése es el origen de la clase política contemporánea. Claro que forman un cuerpo cerrado y endogámico bajo el principio de la cooptación. Pero un diputado británico y un congresista estadounidense no son funcionarios de partido y delegados del mismo. Aquí un diputado es un funcionario del Estado, algo que se ve hasta en su lenguaje y en los menores detalles de su compostura vital. Oligarquía, como yo uso siempre esa palabra, quiere decir, en un puro sentido aristotélico, «forma de gobierno», instituida por y para el ejercicio incontrolado del poder, y, en nuestra contemporaneidad, poder efectivo en manos de partidos-organización burocratizante, de una naturaleza muy específica, que nada tiene que ver con el parlamentarismo.

Por principio, no puede haber «democracia», ni siquiera «parlamentarismo» (véase la pobreza extrema de la cosa debatida y legislada en esa casa de los horrores morales y de la vulgaridad intelectual que es el Congreso de Diputados español) con un sistema proporcional de candidaturas de listas de partido. Quien afirme lo contrario, debe demostrarlo y, que yo sepa, nadie lo ha hecho.

Leamos «Los orígenes ideológicos de la Revolución americana» de Bernard Baylin. En particular, las páginas sobre el proceso de formación del sistema de representación estadounidense en la época colonial y su inspiración ideológica. Además, volvamos a los artículos de «El Federalista» donde Alexander Hamilton expone por primera vez en la historia de las ideas políticas el concepto de «democracia representativa». Comprobemos que en ninguna parte se afirma que la grosera cosa esa de la asignación proporcional de escaños a candidaturas colectivas sea un «procedimiento democrático». Ni siquiera Gerhard Leibholz, el mayor teórico del Estado de Partidos, lo pensaba. Así que tenemos un problema teórico.

La razón de que no pueda existir un funcionamiento democrático con el sistema proporcional reside en el factor representativo. La tradición parlamentaria liberal, que es la base y punto de partida de la democracia moderna, sólo conoció el sistema mayoritario, el distrito uninominal y la candidatura individual. Esta «tradición» quedó desplazada con el sufragio universal y la aparición de los partidos de masas de carácter «obrero», que a través de la organización burocrática y jerárquica de la socialdemocracia, primero austriaca y luego alemana, introdujeron los sistemas de listas de partido y el escrutinio «proporcional». La burguesía europea a través de u clase política oficial estatalizó así al movimiento obrero dándole «poder» dentro del Estado.

Pero al mismo tiempo, para integrar a la clase obrera en las estructuras de poder existentes, la burguesía europea hizo la concesión de renunciar a su propia y específica forma de «representación» política. Lo que así se destruyó fue el parlamentarismo, prerrequisito de la democracia. Y los sistemas políticos europeos tomaron el atajo de los Estados de Partidos actuales y ahí se han quedado estancados y atascados en un grado de putrefacción que en España alcanza cotas de perfección insuperable.

La correlación sistema proporcional-partido estatal-órgano del Estado es homogénea en la Europa continental por sus raíces socialdemócratas, fascistas y comunistas, como es también homogénea la correlación sistema mayoritario-partido agente electoral-institución puramente civil no burocratizada en el mundo anglosajón, precisamente porque ni en EEUU ni en el Reino Unido se ha conocido esa experiencia histórica de una Libertad política organizada por y para el Estado. En España no se ha pervertido nada, muy al contrario, los partidos del Estado se muestran al desnudo, en su forma más pura y perfecta, porque son directos herederos, incluso en sentido material, del Partido único.

La fantasía de los ideólogos y programadores de este Régimen es pobre y mezquina hasta el punto de que todo el «reformismo» sólo sabe imaginar cosas como la «limitación del mandato», una total incoherencia con la realidad de la ilimitación e irrestriccion interna del poder del jefe de partido y que exige una «solidaridad orgánica» entre ellos para que la perduración incontrolada de cada uno equivalga a la permanencia sin restricciones de todos. En un rapto de lucidez Rajoy lo dejó bien claro. Una burocracia de partido por definición no tolera «limitaciones». El sovietismo sublimado del régimen no lo soporta. Toda la clase académica del mundo de la ciencia política, de la historia de las ideas y los sistemas políticos, de la teoría de la Constitución y así en muchos campos más es una pura excrecencia de los partidos del Estado. Todo un puro adorno retórico de la mentira institucional de la que viven como lo que son: parásitos intoxicadores y descerebrados.

Vamos a revivir la hora de los neo-oportunistas del neorreformismo, de las terceras vías, de la tercera España, del ciclo kármico de las reencarnaciones, de las funerarias que adecentan el “rigor mortis” con maquillaje. Nuestra especialidad nacional. La hora de los aprendices, los neocebriancitos, los isidoritos, los miñoncetes, los jugadores de póker con tres barajas y todos los ases en la manga y siempre buenas palabras en la boca e intenciones de boa constrictor en el corazón. Mariano Rajoy debe dejar paso a los verdaderos hombres de Estado: el que demuestre mejores dotes de oportunista nato, ése se hará imprescindible en el pilotaje del nuevo periplo hacia la virginal Nada prometida. El candidato, por supuesto, es Albert Rivera.

Que debajo de todo reformista, se esconde un perfecto reaccionario, toda lo publicado en la prensa «regimental» día a día parece confirmarlo. Hoy el reaccionario quiere conservar lo adquirido (paz y prosperidad con un decaído «viva» a un «perfectible» sistema político), remitiendo, como siempre, a lo peor imaginado para justificar lo pésimo efectivo y real. Añoranza de un mítico tiempo pasado en el que el Régimen del 78 estaba casi «homologado» como «democracia avanzada». Pero ahora que muestra su lado oscuro y verdadero, cubramos con un velo el rostro de la estatua y proclamemos nuestra solidaridad orgánica con la clase dirigente, pues muchos bienes muy tangibles le debemos.

Ahora bien, pensar políticamente de verdad no difiere de pensar moralmente y todo reformismo se revela como conservadurismo de corto aliento: todo acto, individual o colectivo, entraña consecuencias, previsibles o no. La clase política española y la plutocracia que la sostiene no saben nada de lo que significa el porvenir de aquello que ahora siembran. La visión política es anticiparse a las consecuencias de lo que racionalmente se prevé o irracionalmente se intuye. Se perece tanto por temeridad como por ignorancia. La ceguera no es una opción.

Más allá de la capa polvorienta de los intereses creados de varios cientos de miles de individuos sin oficio ni beneficio incrustados en el Estado a través de los partidos en cargos remunerativos prebendarios, el problema de la clase política y de la población es el mismo: la ignorancia sobre conceptos elementales que definen las condiciones mínimas de una «ciudadanía» consciente. Hace tiempo que nos privaron del sencillo sentido común inspirado por un espontáneo sentimiento patriótico. Lo que puede leerse sobre la secesión, el orden constitucional, el referéndum catalán de autodeterminación, todas las posiciones públicas son motivos que justifican el exilio voluntario si uno ya no se identifica para nada con sus compatriotas.

La mayoría social está formada por votantes de listas de candidaturas de partido que se reconocen como tales. Para quien no lo es, no lo ha sido y no lo será jamás bajo las condiciones políticas vigentes, opinar sobre política española es en extremo difícil. Porque para este «hombre sin atributos políticos» fuera de la lógica de este régimen, todos los partidos son facciones-camarillas de un mismo poder, una misma ideología, una misma clase política, una misma estrategia de dominación y servidores de una misma clase dominante (un puñado de grandes capitales milmillonarios). Y como sabe que el Estado no puede «hacer política» ni producir «opinión libre» ni conciencia de la realidad social, todo partido le parece lo que es: una oferta fraudulenta para gente poco escrupulosa.

Esa ideología de partido, ese poder de partido, ese discurso «plural», de polifónica modulación, es un cosa puramente estatal, algo que produce disarmonía con respecto a los intereses de la sociedad viva, una realidad política impostada que produce «desdoblamiento de personalidad». Los partidos sólo tienen una ideología: servir a la clase política que se ha adueñado del Estado de «coartada pseudorrepresentativa» como mediadores con una sociedad que ellos han estatalizado por el solo acto electoral. Quien no percibe algo tan simple, no debería ocuparse de política, porque su mentira engrosa la mentira con que un Estado oligarquizado por los de peor calaña fustiga la docilidad bien pensante de sus míseros súbditos-electores.

Si después de constatar que no tenemos «representación», si después de vislumbrar que el Estado se dirige a nosotros como una perra en celo en busca de inseminación (nuestro dinero, es decir, nuestro trabajo, es decir, nuestro tiempo de vida dedicado a su reproducción), somos capaces de llegar a la sensata conclusión de que se nos explota, traslademos tanta sabiduría al sistema electoral, a la participación electoral, al «sí» incondicionado a todos los partidos que nos invitan a este «café aguado» para todos que es cada acto de «la democracia realmente existente». El «apriori» del robo es el voto. Porque nos roban lo único que tenemos para decir «No».

Padecemos un extraño «síndrome de puta y virgen». Porque el asunto consiste en haber votado siempre, y a continuación declararse «inocente». Los herederos del régimen son los que necesariamente debían ser: a los corruptos morales desde el origen deben suceder los corruptos intelectuales producidos por los primeros, y el resto, los jaleadores de lo Mismo, como se ve bien en la mayor parte de las «opiniones» vertidas en la prensa española. Microsociología endogámica: el futuro es devorado por la amnesia del pasado que siempre fue el presente.

Alguien debería aclarar el significado de la palabra «traición» referida a la forma de ejercer del poder de toda la clase dirigente «española», pero también remitiéndola al «pueblo» dizque «español». Sería prolijo si intentara por mera aproximación enumerar los hechos constitutivos de «traición» desde el 22 de noviembre de 1975 al día de hoy. Pero traición ¿a qué o quién? ¿Tiene alguna existencia, corporal o espiritual? ¿Será quizás un mero principio abstracto? ¿Tiene la población «española» alguna conciencia clara o un saber definido de eso que «traiciona» por método y sistema? ¿Son personas o instituciones? Hay «traición», ¿cuál es el sujeto imputable? ¿Cómo se lo puede imputar?

Ya la descripción más primaria de este funcionamiento provoca asombro. Unos tipos que se sientan en un banco azul se hacen votar por unos tipos que se sientan en un banco rojo, pero otros tíos que se sientan en el banco rojo quieren acomodarse en el banco azul. Muchos tipos para tan pocas plazas. Hay que convocar un nuevo concurso-oposición para acreditar los méritos y rebaremar las posiciones adquiridas. O ampliar las plazas ofertadas, por ejemplo, con el Estado Federal o Confederal, porque las plazas cubiertas con el Estado autonómico se nos quedan muy cortas. Cómo colocar a los «millenials» hijos de los sesentayochistas es un problema «nacional» de primera magnitud.

Dentro de la ideología que legitima a los Estados de Partidos de inspiración teórica alemana, la forma de gobierno del presidencialismo es criticada como «oportunidad abierta» al autoritarismo, al cesarismo, al bonapartismo y, cómo no, al fascismo, en la medida en que para la mentalidad dominante en los regímenes en los que el consenso oligárquico de partidos del estado se acepta como «democracia», toda separación «fuerte» de poderes, es la peor amenaza para que los jefes de partido puedan «constituir» su poder sin elección directa, sin ninguna legitimación «democrática».

Los políticos españoles no son malvados ni imbéciles. Actúan para conservar un «estatus» de privilegio de hecho, al que la simple participación electoral convierte en privilegio de derecho al refrendar su oligopolio una y otra vez, a su vez fundado sobre la forma inicua de la irresponsabilidad, es decir, de la inmunidad colectiva como clase política, lo que necesariamente conlleva la impunidad individual con que cada uno ejercita su cargo a sabiendas de esas condiciones apriorísticas corroboradas por un «Poder Judicial» que es la toga manchada por el barro de una «road movie» de absoluciones y prescripciones bien medidas. El abuso de poder en su forma «trascendental». Nada de esto es «mediocridad» sino la pura perfección de una forma muy determinda de Gobierno.

A diferencia de lo que quisiera creerse es no la «actitud» de los políticos lo que anuncia males mayores y una «degeneración» en progreso, sino la «estructura de poderes» a través de la cual los Partidos, al posesionarse del Estado, es decir, de 430.000 millones de euros anuales a día de hoy y gracias a una constante emisión de Deuda pública, han creado una trama de la que directa e indirectamente viven varios millones de individuo sin cuya «desaparición forzosa» de la esfera pública nada es por ahora «decidible», afrontable y resoluble. Tan sólo queda por elegir lo que se quiere ser: yunque o martillo. La libertad política exige ser «martillo». Pero ya apenas van quedando resquicios para la vía pacífica…

El «drama» que desde hace un tiempo intentan trasmitir todos los periodistas un poco conscientes de la situación española, sin que la mayor parte de los lectores de casi todos los medios se dé cuenta, consiste en un «argumento» legible apenas entre líneas. «Esto se ha acabado y que cada cual se busque una tabla de salvación, porque nuestras mentiras diariamente reproducidas en rotundos pero aprehensivos titulares ya no dan para más». Nunca una sociedad ha sido tan idiotizada por su clase dirigente como la española hoy viva.

Cualquier conceptualización de la política española viene muy ancha a la burocracia de los partidos. Su maquiavelismo no excede los límites de los celos por el ascenso entre funcionarios. Todo el trabajo sucio lo hacen los servicios de prensa, los financiadores privados, los agentes del CNI a pie de obra, las empresas demoscópicas o los restos de verdadera burocracia profesional. A ellos «todo se lo han dado hecho». No hay «cerebros políticos», «eminencias grises», ni «elefantes blancos»: la suma de impotencias impolíticas no da para tanto. Nuestra clase política carece de manual de instrucciones: se maneja como un artesano lerdo que confunde martillo y yunque. Acierta porque enfrente sólo hay una sociedad-yunque indiferente a los golpes de los que tampoco saben manejar el martillo.

Recuerdo un relato corto de Carlos Fuentes en el cual el protagonista, un perro, seguía la pista de un esclavo huido de una plantación, un «cimarrón». Lo original consistía en que Fuentes adoptaba el punto de vista narrativo del perro y construía la realidad de la búsqueda a partir de las percepciones sensoriales del perro. No recuerdo cómo acababa, pero en cierto modo se ha llegado al momento de tener que elegir entre ser cimarrones o ser perros. Si el origen de un sentido de la libertad pudiera ser la humillación… ¿o no más bien el orgullo herido?

Parece una opinión muy difundida y aceptada ésa que afirma que algo, no se sabe qué, está cambiando, no se sabe cómo ni por qué. Que la clase política española es incapaz, era bien conocido dentro y fuera. Que haya demostrado su incapacidad, no es ninguna novedad. Que los partidos no representan nada y son simples burocracias cooptadas, muchos lo sabíamos. Que son instituciones vacías de principios, antinacionales y psicopatológicamente corruptas, no era un secreto. Que los españoles sospechan algo de todo eso, con seguridad. Que una masa social moldeada por el Régimen del 78 vaya a convertirse en «sujeto de la Historia», puede ser. Que del súbito vejado y engañado surja un sentimiento de ofensa, quizás.

Pero no hay «Volksgeist» que nos asista. En España, todo lo real es irracional y todo lo irracional llegará a hacerse real. Demasiadas renuncias, demasiadas ofensas regurgitadas, demasiados ultrajes asimilados, demasiadas afrentas bien rumiadas durante demasiados años de consenso, autoengaño colectivo y celosa presunción de correcta identificación con los partidos del Régimen (antes te acreditaba aplaudir al Caudillo, hoy te acredita depositar la lista de partido: idéntico servilismo amoral pero convencido de su verdad necesaria). ¿España irredenta y mártir? No. Nación y Estado reunidos en la culpabilidad de su alianza contranatura bajo una Constitución antidemocrática, una monarquía degenerada y un apoderamiento territorial de decisivas funciones estatales verdaderamente irracional.

Fijémonos en los datos históricos. Las crisis de los Estados de Partidos europeos, con el modelo italiano de los años 1960-1980 a la cabeza, siempre están ocasionadas por el desequilibrio interno de los grupos de poder que ocupan el Estado a través de los Partidos. No están provocadas por fenómenos externos (guerras, derrotas militares, crisis económicas, revueltas populares, choques violentos de intereses de clases…) sino por el propio nivel de entropía o desorden interno que los partidos introducen en el Estado, pues bien visiblemente su principio constituyente (Partidos=Estado) aboca a una anomalía o deformidad de indescifrables consecuencias.

Es a esa entropía a lo que llamamos «corrupción», que no es otra cosa que el desorden institucional que implica verter sobre la racionalidad instrumental objetiva del Estado moderno la irracionalidad estratégica subjetiva del Partido, lo que hace que sea el mismo del funcionamiento real de ese tipo de Estado el que crea la entropía de que necesariamente se alimenta: una organización puramente civil y privada (el Partido) convertida en Autoridad pública del Estado es la corrupción inmanente a tales Regímenes, que no acaban por implosionar debido a que sus peripecias se desarrollan dentro de una burbuja estamental cerrada que no repercute directamente sobre el orden civil. Pero en España ya ha empezado a captar la atención de una parte de la inoperativa turbamulta viandante.