Los españoles de las últimas generaciones somos una anomalía histórica muy profunda y muy arraigada en cuanto sujetos políticos. Somos desconocidos para nosotros mismos en todo aquello que cae en el campo minado de la voluntad política.

Algo radicalmente nuevo como experiencia histórica fundamental empezó en 1978, algo inaugural, algo inaudito, algo que traspasa las formalidades de los cuatro sistemas políticos, en apariencia muy diferentes, desde la Restauración canovista de 1876 hasta hoy. Pero aquello a lo que accedimos en 1978 es todavía tierra desconocida, porque por primera vez las tendencias hasta entonces subalternas pasan a un primer plano para convertirse en hegemónicas. La «desnacionalización» de las masas forma parte de la metodología de gobierno, es de hecho su principal instrumento.

Un pueblo es responsable de su forma de gobierno desde el momento mismo en que la obedece sin la presión de la fuerza. Obedece y asiente. No hay ninguna disculpa, ni la ignorancia, ni el condicionamiento, ni la propaganda, ni la ideología dominante. Lo que cada uno sepa y sienta en su fuero interno no puede ser formulado políticamente, porque el poder que nos rige no es de naturaleza democrática y la Nación como tal nunca ha sido constituida por un poder constituyente inspirado democráticamente y con el fin de instaurar una forma de gobierno que someta al Estado a intereses conscientes de esa Nación. Ésta es incompatible con una oligarquía desnacionalizadora que ocupa el Estado ilegítimamente.

Quien tiene el derecho político al voto y lo ejerce a sabiendas de que los partidos estatales no representan a nadie más que a los intereses de oligarquías de partido bajo la coacción de oligopolistas del capital privado ése y sólo ése es el responsable de que lo traten como bien se merece: como un charnego. El resto es retórica, mitología e idealización de un pueblo sin espíritu ni voluntad de existir como Nación política. La «maldad» de las «élites» es consustancial a toda dominación. La realidad fáctica es un sistema electoral, un tipo muy concreto de partidos del Estado y una Constitución política, artilugios infamantes puestos en marcha contra la Nación política para impedir su constitución democrática.

No hay argumento a favor de la prueba de la no responsabilidad del pueblo «español», al menos a partir de 1978. Habría que demostrar cómo bajo condiciones de una presunta «libertad política» concedida por el poder gubernativo franquista (?) ese inmaculado pueblo a manera del roussoniano buen salvaje no ha hecho otra cosa que prosternarse, humillarse y jalear a los peores instrumentos de su propia desposesión, digamos, «identitaria», no sólo «nacionalista periférica», sino a través del planificado desarraigo cultural, es decir, mediante erradicación del espesor del «ethos» colectivo, aunque sólo fueran puramente simbólico, algo que no se reduce a la esfera política, por cierto la más superficial en este proceso.

Toda relación política, si se piensa correctamente, se produce en un orden social dado y es una relación bilateral, nunca unilateral, de dominación o mando y obediencia: hay alguna forma de complicidad y reciprocidad. La anomalía española, muy profunda, e indesarraigable de la conciencia colectiva, consiste en que casi nadie, excepción hecha de Antonio García-Trevijano, se ha planteado negar, rechazar y destruir esa «legitimidad» sin la cual ninguna forma de dominación subsistiría demasiado tiempo. No se puede obviar esa realidad.

Nos queda todavía pensar que, aunque la sociedad española carezca de libertad política real, incluso bajo las condiciones actuales de una muy grosera simulación de ella, existe una mínima posibilidad de conciencia, ilustración o como quiera llamarse a la percepción, más o menos clara, acerca de una situación declaradamente antinacional, actitud posible que ni siquiera se muestra en el momento clave en que debe mostrarse: en la abstención pura y simple y el rechazo visceral de los partidos, de todos los partidos sin ninguna excepción.

Al permitir por primera vez el voto «libre» pero al reasignarlo «a priori» a partidos del propio Estado que las élites del franquismo ya poseían como patrimonio privado, esas «élites», constituidas ahora por fin en verdadera Oligarquía de Estado a través de una mistificación de «pluralismo político», se arriesgaron mucho y la respuesta «popular» masiva fue corroborar, ratificar, reafirmar sus deseos. La parte más valiosa, lúcida y consciente de ese «pueblo», a la que nosotros intentamos dar «voz» y «conciencia», la España decente y digna, ésa no vota ni participa en esta degradación colectiva cuyo propósito destructivo es cada vez más patente.

El acto de votar tiene una trascendencia política que el sujeto no percibe y entraña una verdadera decisión. El argumento de la ignorancia, de la propaganda, del condicionamiento no es válido, nunca lo ha sido. Quien vota sabe perfectamente lo que quiere y lo que rechaza, incluso en regímenes como el español en los que sólo se refrenda una cuota de facción estatal para repartir, una cuota que está asignada por adelantado por la propia formalidad institucional del Régimen. Lo que hoy existe en la escena pública es la realidad objetiva de un pueblo enajenado de sí mismo, de su historia, de su tradición, de su lengua, de su cultura y de su identidad colectiva. Es una renuncia voluntaria y querida, no impuesta. La realidad del régimen es la realidad de esta conciencia pública y privada enajenada.

El hecho indiscutible es que votar es traicionarlo todo, lo que uno es, lo que uno piensa y lo que uno rechaza. Votar es la peor forma de colaborar con un régimen antisocial y antinacional. Lo ha sido desde su fundación con el referéndum del 6 de diciembre de 1978 sobre la Constitución hasta las elecciones puramente plebiscitarias del 26 de junio de 2016.

Y en grado eminente de exhibición desvergonzada, en gesto de impostura de la clase política en su conjunto, el colaboracionismo autodestructivo va a alcanzar su clímax en las elecciones convocadas en la supuesta «Cataluña intervenida» por el Gobierno Central este 21 de Diciembre de 2017, inaudito medio de encubrir y a la vez justificar, bajo la cobertura de «normalidad legal», la abortada tentativa de rebelión sediciosa para proclamar la secesión territorial.