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«…¿Hay un derecho fundamental a recibir una buena educación?».

No, no lo hay históricamente.

Pero, ¿a partir de cuándo lo hubo? Cuando el Estado moderno necesitó categorías enteras de funcionarios y el capital privado trabajadores mínimamente alfabetizados.

Más o menos hacia 1870 en adelante (fecha del mejor texto que se ha escrito y pensado sobre este asunto, «El porvenir de nuestras escuelas» de Nietzsche, serie de conferencias en la Universidad de Basilea y texto canónico para todos los que no creemos en el igualitarismo «educacional» burocratizado).

En otras palabras, hay «derecho fundamental» desde que el Capital y el Estado se maridaron en inquebrantable unidad de dominación para determinar su contenido como «Nación» política. A veces la pareja discute y se separa, a veces vuelve a la relación originaria de concertación de sus intereses comunes. Por eso este tipo de disputas carecen de base y son una pérdida de tiempo.

La educación del Estado nacional de las sociedades capitalistas europeas es, ante todo, socialización en destrezas básicas de servidumbre voluntaria, aunque la cosa no se presenta así de expresa: pagar impuestos, votar lo que sea, asentir a la opinión pública dominante, trabajar con un mínimo de autodisciplina, pagar deudas, firmar contratos, leer prensa, ver televisión y cine, dedicar el tiempo libre al ocio programado…

Luego, formación técnica en competencias «profesionales» útiles para el sistema de reproducción de las «necesidades».

Finalmente, barniz, oropel «humanístico» para darle a la vida un aire «cultivado» y «espiritual» a la vez que “mundano” que haga soportable la monótona y tosca vida material y ayude a responder a los test psicotécnicos, los concursos de televisión y demás.

En fin, el derecho fundamental educativo a estar sometido a todo lo que se ofrezca como pauta y criterio de «autosometibilidad» al Estado o al Mercado.

Y además uno gana en valor, es decir, «se pone en valor» obteniendo sanas y decentes rentabilidades de su «capital humano».

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La sociedad «educa», el sistema académico formal «instruye», el Estado «disciplina y adiestra».

Tres categorías diferenciadas para objetivos distintos.

Desde el momento en que el Estado moderno subsume en sí las dos primeras categorías o niveles, todo cambia de signo y de sentido, porque todo se vuelve puro y simple «adiestramiento», y da igual cuáles sean las condiciones políticas formales (tipo de régimen, gobierno o Estado).

El Estado actual, el de tipo benefactor o providencial, es una modalidad de organización de lo social desde la dimensión estatal en la forma de una absorción de todas las funciones sociales anteriormente autónomas. A partir de ahí, el adiestramiento se torna especialización burocrática, como tantas otras acciones sociales que pasan de «civiles» a «administrativas» (para los sujetos y para los destinatarios).

El problema consiste hoy en que toda forma de escolarización obligatoria de masas ha fracasado como modo de socialización, después de haberlo sido anteriormente de adiestramiento.

Hoy, los Estados del mundo «desarrollado» siguen manteniendo enormes «administraciones educativas» burocratizadas en régimen de monopolio por pura falta de imaginación colectiva para reorganizar aquello que puede y debe enseñarse y el modo como debe llevarse a cabo esta enseñanza.

El miedo a la experimentación es ante todo miedo a la libertad de la sociedad civil desde el Estado, miedo de las burocracias de los partidos a la libertad de iniciativa desde la sociedad civil aprisionada.

Las sociedades europeas reúnen condiciones de relativa libertad civil, cultura colectiva y recursos propios como para que la socialización educativa no tenga que realizarse desde una esfera tan anacrónica como la de la burocracia, la planificación central y la financiación pública. Esto tuvo sentido quizás en el periodo en que se produjo la «nacionalización de las masas», pero hoy es ya un desatino interesado que no alienta más que un fracaso futuro todavía mayor.

El asunto se agrava porque en España se impuso un modelo de sistema educativo público que era ya un fracaso en los países de donde se tomó: el Reino Unido laborista de los 50-60 y el tipo de la «comprehensividad» promovido por la pedagogía socialdemócrata escandinava (empeorado aquí por la carencia de recursos públicos en los primeros años 90 y por la total ausencia de criterios de racionalización inteligente del gasto).

A partir de ahí, y hasta el día de hoy, los partidos estatales españoles han tomado la decisión estratégica de dejar pudrirse el sistema educativo, ya que los dirigentes de estas formaciones (el Estado mismo que ellas ocupan) tienen muy claro una sola cosa: la ignorancia bien administrada y la bien planificada ineptitud colectiva son la condición necesaria de una forma muy determinada de dominación cultural y política. 

Si a eso se añade la desnacionalización de la conciencia pública y el Estado autonómico como producción intencionada desde arriba de irracionalidad de gestión, segregación social y regionalización obtusa, el «cóctel» es explosivo y, en efecto, ya ha explotado en forma electoral en un primer esbozo anticipatorio.

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A estas alturas no debe quedar duda de que el «sobrehumanista» Nietzsche se moriría de asco en las condiciones educativas, sociales y políticas actuales: no conozco un solo texto suyo que reconozca la igualdad como valor moral absoluto o relativo, salvo en las relaciones entre «iguales» ya establecidas por algún ordenamiento jerárquico o tal vez, la «igualdad inter pares» de los amigos, la parte más «humana» de su pensamiento.

Uno de los pocos textos de Nietzsche en que se enfrenta a cara descubierta con el «»problema social»» del siglo XIX, «La clase imposible» en «Aurora», me parece suficiente para dejar claras las cosas sobre la posición del pensador alemán. Repito, desde cierta mentalidades y entre las más privilegiadas está claramente descollando la representada por Nietzsche, nuestro actual concepto de igualdad, en el campo educativo de manera muy destacada,  y las prácticas políticas que de él se derivan, son una monstruosidad cuyas consecuencias poco a poco comenzarán a verse: liquidación de las élites naturales de una sociedad incapaz de reproducirse según modelos de «alta cultura».

La educación pública es un proyecto dirigido contra las clases medias para mantenerlas aletargadas con el subterfugio de la credulidad de un servicio imaginariamente gratuito.

Se conserva un modelo de socialización estatalizada que fue válido en la primera fase de la época contemporánea, pero no más allá de la liquidación de la «sociedad disciplinaria» clásica hasta mediados del XX.

Hoy las condiciones son otras y exigen experimentación y libertad (¿política?, sin duda la primera) fuera del marco estatal. Personalmente no soy ni liberal ni socialdemócrata, ni estatista ni antiestatista. Simplemente pienso que «la cultura», «el saber» y «el conocimiento» han cambiado su estatus y su posición en la civilización actual, hasta el punto de que es posible dudar de que tengan todavía alguna función real más allá de su puro valor «económico».

Respecto a los derechos fundamentales, individuales o sociales, no hay ninguna discusión hacedera, porque sabemos bien que tan sólo son concesiones de poderes establecidos. Los de la Modernidad se autojustifican mediante la «concesión limitada» de estos derechos, según una dosificación siempre controlada.

Salvo en la imaginación filosófica o dogmática, en la que los bellos pensamientos se transforman en «»postulados de razón»» por un arte mágico que a mí me está negado, no veo cómo la afirmación de un derecho podría tener validez sin la fuerza y la autoridad de quien decide qué es o no «derecho». Discusión apasionante que no es de este lugar es la plantearse el origen del Derecho del que derivan esos otros «derechos» en su forma positiva actual.

4

Cuando el alma inmortal del cristiano medieval bajó a la Tierra y se encarnó en un «cuerpo político» que debía realizar en el «aquí y ahora» su vocación sobrenatural, se reconoció en su «dignidad humana» genérica y universal y afirmó de sí misma el derecho natural como fuente de derecho positivo y luego el luterano Kant (secularizando aún más esta representación puramente cristiana del hombre, inválida para quien no lo sea, como es mi caso, ni en su versión secular kantiana), afirmó que, parafraseando su pensamiento extraordinariamente dogmático y banal: «los seres humanos poseen una dignidad intrínseca que los convierte en fines en sí mismos y no sólo en herramientas al servicio de los demás».

En fin, es bien sabido a estas alturas que Kant es el pensador de referencia para la fundamentación ideológica del universalismo moral al que el pensamiento hegemónico socialdemócrata ha tenido que retrotraerse para volverse “humanista”, recayendo así en un sistema de valoraciones «ilustrado», hiperburgués y acomodaticio, renunciando a la muy potente crítica implícita del mismo que sostenía el originariamente inspirador y más realista pensamiento hegeliano-marxista.

La vetero-izquierda anterior a 1945, ahora aburguesada desde que encontró en el Culto Secular de lo Estatal su vocación última de realización en la Tierra, se ahorra así “el esfuerzo del concepto” hegeliano y ya no tiene que pensar el tiempo histórico y su negatividad, le basta con afirmar la más abstracta “Humanidad” y sus “derechos incondicionados” bajo eslogan de una presunta “dignidad”, algo que usufructúan “ad líbitum” los partidos estatales europeos de los corrompidos regímenes partidocráticos. Instrumentos degenerados de este reparto de «derechos humanos» a cargo de la burocracia de partido.

Al parecer la corrupción al por mayor de estos regímenes no afecta al concepto de “dignidad humana” con el que revisten estos regímenes socialdemócratas la explotación fiscal de las masas europeas, en aras de la construcción de esta puramente virtual “Ciudad de Dios” terrena, comprada con el trabajo de una inmensa y nunca vista exacción fiscal.

Hablan de “dignidad humana” los intelectuales y políticos que han usurpado la libertad política colectiva de los pueblos europeos para someter a la sociedad civil uniformada a un tratamiento de “igualdad material” con la explotación fiscal salvaje del esfuerzo individual y societario.

Toda legitimación intelectual del estado de cosas actual es una impostura y hay que denunciar este debate entre Rallo y Marina sobre el derecho a la educación por lo que es: una ocultación, tras la hojarasca de la “filosofía moral”, del cortocircuito de dos corrientes de pensamiento cómplices de nuestra miseria moral colectiva.