Funcionarios administrativos del escalafón medio de partido estatal declaran enfáticamente, casi con incredulidad, haber «gobernado» un territorio adscrito a su demarcación electoral llamado «Comunidad autónoma». Se les llama «barones» y hay buenos argumentos para tan extemporánea y estrafalaria calificación feudal dentro de un Estado presuntamente «moderno» como el español.

Tienen bandera, himno, palacio y parlamentos regionales o dietas de antinotables. Algunos incluso disponen de una «lengua propia», un habla de patanes que sólo mediante la coacción legal de burocracias corruptas puede ser impuesta como vehículo de «nacionalización» de las masas adscritas a su territorio. Son invitados a festividades «nacionales» de la Monarquía rojigualda neoaustriaca y visten de frac en recepciones diplomáticas. Tienen embajadas en remotos países de nombre impronunciable. 

Hacen leyes en los pasillos de oscuros garitos y fungen bizarros de soberanos, señores de horca y cuchillo en los feudos y señoríos territoriales en que ejercen justicia en nombre de su Majestad, un alter ego aún más demediado del Emperador del Sacro Imperio Románico Germánico, todos ellos bastardos, descendientes de un testículo, izquierdo o derecho, los pergaminos no lo aclaran, de Carlomagno: son los Presidentes de las Comunidades Autónomas del Estado español.